Ecologistas en Acción Aedenat-Malaka ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Málaga por los trabajos que la empresa pública Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, lleva a cabo en el entorno dunar de las Dunas de Real Zaragoza.
Según el escrito dirigido al Fiscal Delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, al que ha tenido acceso este periódico, las actuaciones comenzaron en los primeros meses de 2025 y se corresponden con trabajos de reparación de la acometida general de saneamiento. La organización sostiene que estas intervenciones han generado un deterioro en la flora protegida del espacio, integrado en la Reserva Ecológica Dunas de Marbella.
La denuncia señala que las obras tienen como objetivo evitar vertidos de aguas residuales en la playa, entre la elevación de Pinomar y el bombeo de La Víbora, mediante el uso de una manga reversible y con una inversión prevista superior a cuatro millones de euros.
De acuerdo con Aedenat-Malaka, parte de las actuaciones se desarrollan dentro del perímetro interior de la zona dunar de Real Zaragoza y se ejecutan con maquinaria pesada, como excavadoras y camiones de saneamiento. En su escrito, la asociación afirma que no se han habilitado medidas específicas para prevenir posibles daños a la flora y fauna del enclave.

Durante la ejecución de los trabajos, los denunciantes afirman haber observado movimientos de arena y eliminación de vegetación psammófila, compactación del sustrato y alteración de la morfología del sistema dunar debido al tránsito de maquinaria. También señalan la presencia no autorizada de vehículos pesados en un área considerada sensible y la ausencia de señalización ambiental o medidas de restauración. Asimismo, apuntan al depósito permanente de materiales de obra en la zona.
La organización sostiene que estas actuaciones pueden afectar a especies de flora y fauna protegidas y comprometer la estabilidad del sistema dunar, reconocido como hábitat de interés comunitario.
El escrito ha sido remitido al fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Ángel Martínez Carazo, a quien solicitan la intervención de la Sección de Medio Ambiente para determinar si los hechos pueden constituir una infracción en materia de protección del patrimonio natural.
