Agentes de la Policía Nacional han detenido a una cuidadora de 58 años por supuestos malos tratos a dos ancianas en Marbella. La sospechosa resultó ser hija y sobrina, respectivamente, de las víctimas -ambas nonagenarias-. Según las diligencias practicadas, las perjudicadas sufrían malos tratos físicos y psíquicos de manera habitual en el domicilio familiar.
La investigación, llevada a cabo por agentes adscritos a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer -UFAM- de la Comisaría de Marbella, se inició a instancias de la Fiscalía Provincial de Málaga después de recibirse una denuncia apuntando a la situación de riesgo socio-sanitaria de dos ancianas en la localidad.
Los investigadores recabaron información sobre las víctimas, dos mayores dependientes, de 90 y 97 años, quienes convivían en un mismo domicilio en la ciudad de Marbella junto con una cuidadora.
Según las pesquisas, las nonagenarias eran asistidas con frecuencia por los servicios sanitarios de la localidad en relación con lesiones compatibles con agresiones físicas.
Asimismo, el entorno de las víctimas también confirmó las sospechas de los agentes, que recabaron pruebas que corroboraban los episodios habituales de maltrato físico, vejaciones y gritos que padecían las víctimas. Tras estos malos tratos se hallaría una mujer de 58 años que resultó ser hija y sobrina, respectivamente, de las ancianas.
Además del estado de desatención generado para las víctimas, la cuidadora también habría rechazado el ingreso necesario de una de las ancianas en un centro adecuado donde recibir los cuidados oportunos, todo ello con el objetivo, al parecer, de no cesar en su condición de asistenta y no perder así una prestación económica asociada al cargo.
Finalmente, los agentes detuvieron a la sospechosa por su presunta responsabilidad en un delito de malos tratos, mientras que las perjudicadas han ingresado en un centro adecuado para recibir los cuidados acordes a su estado de salud, subsanándose de este modo la situación de maltrato y desamparo a la que estaban expuestas. Además, la autoridad judicial competente ha dictado una orden de alejamiento de la investigada respecto a las víctimas.
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