Ecologistas Malaka ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por el convenio firmado el pasado 25 de febrero entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía que abre la puerta a recalificar la parcela de la antigua Residencia de Tiempo Libre para su explotación hotelera privada durante 75 años. La organización ecologista considera que este acuerdo puede vulnerar la legalidad urbanística, patrimonial y social, y ha solicitado que se investigue su validez jurídica.
El convenio, suscrito por la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, y el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, prevé la transformación de este equipamiento, ubicado en primera línea de playa, en un nuevo hotel de alta gama. Para ello, el texto recoge el compromiso de un cambio anticipado del uso del suelo de sistema general a uso turístico, así como un aumento de la edificabilidad de más de 30.000 metros cuadrados, todo ello sin haber sido aprobado previamente en el planeamiento urbanístico vigente.
Según Ecologistas Malaka, este procedimiento vulnera de forma flagrante la legislación urbanística andaluza, que exige la modificación previa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cualquier cambio de uso o edificabilidad del suelo. Además, la organización medioambiental denuncia que el convenio se firmó antes de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), actualmente en tramitación, lo que podría suponer una “recalificación encubierta” al margen del procedimiento legal establecido.
Un patrimonio arquitectónico en peligro
La antigua Residencia de Tiempo Libre, construida en los años 60, forma parte del Plan Nacional de Arquitectura del Siglo XX del Ministerio de Cultura y está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Catalogación General. Según ha explicado el colectivo medioambiental, “calquier transformación o pérdida de uso original del inmueble requeriría, según la Ley andaluza del Patrimonio Histórico, un procedimiento específico que no ha sido tramitado”.
“Se está violando la protección legal de un edificio que forma parte del patrimonio arquitectónico colectivo. Este intento de transformación en hotel de lujo no ha pasado ni por evaluación de impacto ni por procedimiento de desafección del uso público”, señalan desde Ecologistas Malaka.
Por otro lado, la cesión del espacio a una iniciativa privada por 75 años, según Ecologistas Malaka, supone “la desaparición de un derecho social” y una operación especulativa con el patrimonio de todos. La organización también cuestiona la falta de transparencia en el proceso. “El convenio compromete parámetros urbanísticos y económicos sin haber convocado un concurso público, lo que podría vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público”, advierten.
Por todo ello, el colectivo medioambiental ha solicitado a la Fiscalía que investigue los hechos y, en su caso, inicie diligencias por posible prevaricación administrativa o infracción del ordenamiento jurídico. También han pedido que se suspenda cautelarmente cualquier actuación derivada del convenio hasta que se determine su legalidad, ya que “la ciudadanía tiene derecho a saber en qué condiciones se cede el patrimonio público”.