El Ayuntamiento cederá 4 parcelas a un colegio privado

Podemos Marbella ha presentado alegaciones a la futura concesión de 4 parcelas a un centro educativo sueco los próximos 50 años.

El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado ceder mediante concesión administrativa por 50 años cuatro parcelas que suman 12.500m2 en la zona de Nagüeles al norte de la Mezquita para la construcción y puesta en funcionamiento de un colegio internacional sueco. Según el expediente, la empresa sueca pagará un canon anual de 181.577 euros. 

Por parte de Podemos Marbella y San Pedro han presentado alegaciones formales contra la cesión de esos  12.500 m² de suelo municipal en la Urbanización San Francisco. Una de las alegaciones pone el acento en que “el suelo objeto de la concesión es un bien de dominio público que debería destinarse prioritariamente a servicios públicos. La concesión supondría un uso privativo, exclusivo y de larga duración para una actividad privada con ánimo de lucro, limitando durante décadas la capacidad del Ayuntamiento para destinar ese suelo a necesidades públicas futuras. Se califica esta operación como una privatización encubierta del patrimonio municipal”.

Otra de las alegaciones hace hincapié en la insuficiente justificación de la utilidad pública, ya que “la memoria justificativa del proyecto basa la supuesta utilidad pública en beneficios económicos, creación de empleo y atracción de población extranjera, pero no acredita que la actuación sea imprescindible para satisfacer necesidades públicas reales. El principal beneficiario es una entidad privada que explotará el centro con ánimo de lucro, por lo que la utilidad pública no queda demostrada de forma objetiva”.

En definitiva, las alegaciones sostienen que la concesión administrativa proyectada “no responde al interés general, perjudica a la educación pública, supone una utilización irresponsable del suelo público y carece de una justificación técnica, social y económica suficiente”.

 Por ello, desde Podemos solicitan la denegación de la concesión y que el suelo se destine prioritariamente a infraestructuras educativas públicas o, subsidiariamente, la revisión integral del expediente.