El Fuerte gestionará la Residencia del Tiempo Libre por 75 años

Nuevo paso para la privatización de facto de la Residencia del Tiempo Libre. La Junta de Andalucía ha concedido la explotación hasta el siglo que viene, por 75 años, a Ritusa, vinculada al grupo hotelero marbellí El Fuerte, como adjudicataria provisional de la Ciudad Residencial por 5 millones de euros anuales.

Para la Junta de Andalucía no vale la pena mantener este equipamiento público ejemplar y único en España, que constituye una obra maestra de la Arquitectura Moderna reconocida internacionalmente y que está protegido por su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz desde 2006. En un comunicado de prensa, la Junta alega “la pérdida del fin social de las Residencias de Tiempo Libre y las importantes pérdidas económicas que venía suponiendo su explotación para la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (más de 123 millones de euros de pérdidas en el periodo 2015-2023)” para justificar que se adjudique para darle un uso privado hotelero.

En este sentido la consejera de Economía, Carolina España, ha resaltado esta licitación como muestra de la nueva gestión de la Junta de Andalucía para impulsar la puesta en valor del patrimonio público sin uso o infrautilizado, “ya que la antigua residencia de tiempo libre, explotada ahora por un gestor profesional, va a generar empleo y riqueza para Marbella y Málaga después de años de pérdidas millonarias para todos los andaluces y malagueños”. “No tenía ningún sentido mantener sin uso la parcela y el edificio de la antigua residencia de tiempo libre, afrontando cada año el coste de su mantenimiento”, ha recordado la consejera.

UN EQUIPAMIENTO DE UN GRAN VALOR HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO

Desde que hace unos meses la Plataforma en Defensa de la Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella iniciara una campaña para recaudar apoyos y firmas para evitar la privatización de facto de la Ciudad Residencial, se han sumado más de tres mil personas, decenas de colectivos y cientos de arquitectos de toda España.

Desde esta Plataforma no se rinden y han señalado que, “aunque la Junta ha rechazado nuestros tres recursos presentados desde los puntos de vista social, urbanístico y de patrimonio histórico, nuestro próximo paso va a ser el de presentar sendos recursos contencioso administrativos ante los tribunales”.

Respecto a la afirmación de la Junta de Andalucía de que será obligación del adjudicatario el cumplir con la normativa en materia de protección del Patrimonio Histórico Andaluz, estableciéndose expresamente su incumplimiento como causa de extinción y, además, “incorporan un estudio de investigación realizado por el departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica de la Universidad de Sevilla”, la Plataforma ha rechazado este último punto.

“Este estudio data de 2021, cuatro años anterior al informe de delegación, así como del avance de ordenación y la licitación que denunciamos, estando por tanto totalmente obsoleto”. Es más, desde la Plataforma remarcan que, “preguntado al director del Departamento de la Universidad de Sevilla, así como a su Consejo por la realización de dicho proyecto y el papel e implicación de departamento, no tienen constancia y no han promovido ni encargado ningún proyecto de esta índole”.

Hay que señalar que los valores arquitectónicos del complejo de la Residencia del Tiempo Libre son únicos y han sido divulgados y reconocidos por cientos de arquitectos y a nivel internacional. Tal y como lo ha planteado la Junta de Andalucía, pueden verse afectados por la decisión tomada de aumentar la edificabilidad de la parcela en 30.000 metros cuadrados, más del doble de lo que hay construido ahora, para facilitar el futuro uso hotelero.

Una vez se confirme que el adjudicatario es el Grupo El Fuerte a través de Ritusa, se comprometerá a poner en explotación el inmueble en un plazo máximo de 3 años y no podrá transmitir el derecho de superficie ni el control de la sociedad adjudicataria mientras no se haya cumplido el requisito de inversión establecido como garantía adicional (que contempla una inversión de, al menos, 50 millones de euros en el inmueble en los primeros 15 años) para garantizar el buen fin de la explotación y la protección del patrimonio histórico andaluz.