El nuevo choque entre PP y PSOE: la acogida de mujeres maltratadas

La secretaria de Igualdad del PSOE de San Pedro y representante del PSOE en la Mesa Local de seguimiento de Malos Tratos, Ana Leschiera, junto a la presidenta de Marbella Feminista, Carmen Varo, han anunciado que el PP no está cumpliendo con el pago para el traslado de las víctimas de violencia de género a las casas de acogida.

Leschiera ha anunciado que llevarán un ruego al próximo Pleno en el que instará a que se ponga solución a este problema y ha recordado que en la etapa de Gobierno de José Bernal se articuló desde Igualdad, junto con intervención, un sistema de anticipo de caja de 600 euros para que siempre hubiera una cantidad disponible para el pago de este tipo de traslados.

“Ahora desconocemos qué ha sucedido, pero desde luego es un problema al que se debe dar solución de manera inmediata”, ha señalado Leschiera, que ha recordado que durante esa etapa de Gobierno también se impulsó la elaboración de un Plan de Igualdad “pionero en Andalucía y en España, que el Partido Popular archivó en cuanto recuperó la Alcaldía, tras la moción de censura”.

Por su parte, Carmen Varo denunció que la Delegación de Igualdad “no existe como tal, sino que es un servicio de promoción que cada año recibe escasas cantidades de dinero que casi en su totalidad se destinan a Personal. Desde Marbella Feminista somos muy conscientes de la escasez de recursos en Igualdad, ya que recibimos muchas consultas de Mujeres que ante situaciones vulnerables les resulta más fácil acudir a nuestra asociación que a la propia Delegación porque desconocen dónde se ubica y los recursos que tiene disponibles”, señaló.

REACCIÓN MUNICIPAL

En reacción a esto, el portavoz del Ejecutivo local, Félix Romero, ha lamentado que los socialistas “se inventen una problemática que no existe sobre un servicio que nunca se ha dejado de prestar”. Romero ha recordado los servicios que se ponen a disposición a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, entre ellos, dar a conocer los recursos sociales y ayuda económica (RAI), la orientación psicológica individual e intervención en crisis o la asistencia jurídica civil y penal.