Llevarán a los juzgados la privatización de facto de la Ciudad Sindical

Tras la publicación en el BOJA, el pasado 29 de julio, de la licitación del contrato para la constitución de un derecho real de superficie a título oneroso, durante 75 años, sobre el inmueble que albergó la Residencia de Tiempo Libre de Marbella (CRTLM), la Plataforma formada en defensa de la CRTLM ha decidido recurrir a la vía administrativa y judicial.

Esta decisión se fundamenta en las numerosas irregularidades detectadas en el procedimiento administrativo, en el incumplimiento de determinados aspectos de la normativa urbanística y sobre la falta de protección del conjunto como bien incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

La CRTLM, un equipamiento público ejemplar y único en España, constituye una obra maestra de la Arquitectura Moderna reconocida internacionalmente, operativa durante más de 60 años, que ofrece un lugar de excepción para el descanso entendido como un servicio público. Está gravemente amenazada en la actualidad, tanto por el cese injustificado de su actividad, como por un convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que ordena su cambio de calificación a uso hotelero y un aumento enorme de su edificabilidad, lo que supondría su destrucción, una pérdida incalculable tanto cultural como social.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella tratan de engañar a la opinión pública, apelando a supuestas pérdidas económicas para justificar el cierre de la residencia. Sin embargo, ocultan deliberadamente la gestión negligente y el abandono sistemático al que han sometido estas instalaciones en los últimos años: sin inversiones, cerrando parte de los bungalós, reduciendo temporadas de apertura y servicios, y recortando personal. Todo ello fue reiteradamente denunciado por el Comité de Empresa y los sindicatos, y constituyó el preludio del cierre ejecutado en 2023 con la excusa de una reforma que nunca llegó.

Ahora se afirma, “con total desvergüenza, que la residencia ya no constituye un servicio público esencial», y que su razón de ser —facilitar estancias vacacionales a precios accesibles para trabajadores y trabajadoras— habría desaparecido por una supuesta mejora económica en Andalucía. Esta afirmación, “además de falsa, es un insulto a la inteligencia colectiva.La realidad es la contraria. Tras la pandemia, los precios de la planta hotelera se han disparado, expulsando del mercado vacacional a miles de familias. Más de la mitad de la población andaluza no puede permitirse ni una semana de vacaciones al año”, señalan desde este colectivo.

Por eso, “desde la Plataforma vamos a continuar adoptando las medidas que estimemos oportunas para evitar este atentado contra un bien que debe ser de los ciudadanos. Por ello, también se presentó denuncia en Fiscalía contra el convenio firmado el Ayuntamiento de Marbella y la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía; del mismo modo el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto expediente sobre este asunto y hemos presentado escritos de denuncia ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía por la negativa a facilitar información por parte de las administraciones implicadas; ante la Delegación Municipal de Medio Ambiente, por la inacción del Ayuntamiento ante al abandono de la parcela y a la Delegación de Parques y Jardines, por el incumplimiento de las Normas Urbanísticas y de la Ordenanza Reguladora del Uso y Protección de Zonas Verdes y Arbolado del municipio de Marbella, por parte de la Junta de Andalucía, actual propietaria del conjunto”.

La Ciudad Residencial Tiempo Libre de Marbella no es un simple complejo vacacional. Es un símbolo de nuestra historia social, con una arquitectura de baja densidad perfectamente integrada en un paraje natural único, rodeado de dunas, pinares y playas. Un ejemplo de cómo lo público puede ofrecer calidad, dignidad y bienestar.