La existencia de un posible caso de corrupción política en Marbella aparece recurrentemente en todos los medios nacionales. El asunto, al margen de su gancho mediático es resultado de la confluencia de varios ejes, afluentes de un río encenagado que la tormenta ha sacado de su cauce. De no haberse descubierto la trama sueca su pestilencia no habría aflorado.
El Partido Popular (PP) apoya la candidatura de la actual alcaldesa como cabeza de lista en un argumento que considera legítimo: la desvinculación de su vida privada y familiar de su cargo institucional. La primera noticia sobre su patrimonio (2014) lo vincula a un banco de Luxemburgo. Nada justifica, más que la suspicacia de rojos y masones, la sospecha de incompatibilidad entre actividad política y riqueza o de deslealtad por el traslado de fortunas allende el Limes. La patria se lleva en el corazón o en pulseras roja y gualda, el dinero viaja sin pasaporte. La desmesura de su riqueza no justifica la sospecha sobre el buen gobierno de la Polis. Igualmente legítimo es autodefenderse desvinculándose de los negocios de su esposo e hijastro.
Ella no es, ciertamente, responsable de que sus familiares –presuntamente— trafiquen con hachís y marihuana, ni que escalden el color de sus beneficios hasta dejarlos blancos como paredes de esa Andalucía jodida. El nombre de la alcaldesa no aparece en ningún auto judicial y ni siquiera su esposo, un anciano my enfermo, será juzgado. El único procesado es su hijastro pero nadie es responsable de la conducta de sus hijos cuando son adultos. Los informes policiales lo señalan, como una persona muy influyente y con capacidad de intervención en la gestión urbanística. Pero el contenido de las grabaciones solo revelan una alegría y un optimismo explicable por el triunfo electoral del PP. Más allá de la euforia, las palabras del procesado se asemejan al parte de guerra de un general victorioso, del conquistador, que dueño ya del jodido territorio, se dispone a saquearlo. La influencia de la que hace gala el procesado puede ser subjetiva. Lo que un jodido andaluz llamaría un “farol”. Y la tesis policial de “información privilegiada” sobre el PGOU ha sido negada.
La cúpula autonómica del PP ha optado, pues, por aceptar un argumentario que justifica la repetición de una candidata sin mácula. Por su parte los concejales y sus escuderos, los cargos de confianza, demuestran su lealtad con la elocuencia de su silencio. Las acusaciones aparecidas en prensa afectan a un patrimonio privado, a un estilo de vida de nuevos ricos y a las actividades de personas ajenas a la administración municipal. La acusada tiene el derecho de intentar limpiar su honor y el de su familia. Sin embargo, paradójicamente ha asociado el asunto a la Res Publica, al presentar su defensa en nombre del Ayuntamiento de Marbella. Esta institución, según una segunda línea justificativa, no ha sido contaminada por los efluvios de la María; la concesión de obras a un ciudadano que trabaja en el mismo ramo que el marido de la regidora es una simple coincidencia y el procedimiento de adjudicación de tales obras ha sido administrativamente correcto. Estos argumentos solo pueden ser desestimados por una oposición amante de la teoría conspiratoria que no ha tenido en cuenta una circunstancia determinante: la adjudicación de obras municipales, pagadas por contribuyentes locales a extranjeros encaladores de capital, se debe a que en Marbella no hay empresas constructoras solventes, ni albañiles que sepan adoquinar nuestras maltrechas aceras.
La tercera línea argumental de la Corporación ha pasado del discurso a la acción: amenazas a la prensa, negacionismo y obstrucción. Las declaraciones de un antiguo escolta de la alcaldesa inculpándola, no merecen explicación ni exculpación. Es razonable que nadie descienda a desmentirlo. ¿Por qué se habría de dar importancia a que un policía, acusado de cohecho, cumpla órdenes de su jefa? El asunto del policía indiscreto es para la Corporación Municipal un asunto sin importancia, tan baladí como la concesión de obras municipales a empresas sospechosas de blanquear dinero. Al ciudadano lo que tiene que importarle es que las obras se hagan y no el historial del constructor. Además no existe evidencia alguna de la infame realidad que publican periódicos comunistas. Los expedientes administrativos de esas obras se han perdido. Algo explicable porque hay“diferentes archivos municipales” y la búsqueda es compleja. Un argumento aceptable si se considera que la plantilla municipal es exigua y los medios limitados. La oposición socialista reclama papeles mientras su jefe pregunta: ¿Cómo es que el historiador encuentra en archivos municipales documentos antiguos y se pierden los actuales? Ante el interrogante planteado por el colega, solo cabe una respuesta: los historiadores buscan el documento para saber la verdad, quienes los esconden y los destruyen lo que persiguen es ocultarla.
La evidencia es empírica, la verdad subjetiva. La construida por el poder político en Marbella desdice la labor policial y desconsidera un auto judicial. Una verdad firmemente sostenida por una corporación para la que no existe la sombra de la duda porque es parte de las sombras; por la estrategia “del aquí no pasa nada”, desplegada por cargos de confianza de eterna sonrisa a quienes se ha confiado desde 2008 las relaciones públicas en la calle y la atracción del diletante. Ese poder político, sospechoso de connivencia con actores procesados por atentados contra la Salud Pública -por tanto contra la vida-, se cobija, también, bajo el divino palio de quienes defienden la vida negando el derecho al aborto y a la eutanasia. Pero toleran y justifican, el delito y su adlátere, la violencia.
Como elemento indispensable, el ejercicio de un cargo público debe estar vinculado a la ética, entendida como código de actitudes y comportamientos tendentes a la consecución del bien común o colectivo. Cuando más allá de esa aspiración, un cargo público tolera o posibilita directa o indirectamente, al margen o de forma paralela, actividades ilegales o delictivas debe dejar la política. El PP al condicionar el mantenimiento de la candidata a la decisión judicial, está admitiendo que el ejercicio de la política puede transitar por las porosas fronteras entre el bien el mal, en tanto sus actores sean capaces, como astutos delincuentes, de eludir a la justicia.
Para el PP el pueblo de Marbella no se merece una renovada candidatura. Primero porque fue seducido durante años por un tipo antisistémico, sin respeto por las instituciones, iliberal y populista; después porque sigue consintiendo una cleptomanía recurrente sobre sus bienes comunes y nunca se ha preguntado por qué Opción Sampedreña apoyó el regreso al poder del PP. Por tanto seguirá callando. Este inmovilismo debía ser cuestionado en primera instancia por el PP local y provincial. Moreno Bonilla, al considerar que la candidata propuesta es la mejor, obliga a una reflexión ¿Cómo serán los demás? ¿No hay entre la amplia militancia del PP en Marbella personas equiparables en excelencia a la actual candidata? Ante lo que parece una inapelable decisión, corresponde a los partidos políticos de Marbella y San Pedro, a la sociedad civil, a sindicatos, asociaciones y ciudadanos comprometidos hacer público de forma conjunta y unitaria la exigencia de una investigación transparente que disipe la sombra de la sospecha. Es un imperativo moral y debe hacerse Hic et Nunc (aquí y ahora)… el voto vendrá después. Es lo que queda a una ciudadanía estupefacta que tiene la obligación de conjurar la amenaza que nos acecha: el posible secuestro de la soberanía municipal por poderes al margen de la Ley.
Lucía Prieto
Profesora Titular del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga