OSP denuncia de “pelotazo encubierto” la cesión de La Caridad para organizar conciertos

Los ediles de OSP, Manuel Osorio y María Luisa Parra, han señalado a la empresa Cimumar SL, beneficiaria desde 2023 de un contrato valorado en 181.500 euros anuales por el uso del recinto, como receptora de un “negocio redondo garantizado con dinero público, sin ofrecer contraprestaciones claras ni asumir costes”.

“Esto no es una licitación transparente, esto huele a pelotazo preparado. Una empresa constituida en junio de 2022 solicita en noviembre utilizar el recinto… y en diciembre ya lo tiene concedido. Todo mascado, sin aportar garantías, ni experiencia previa, ni cuentas. Un regalo a medida”, denunció el portavoz de OSP.

Según OSP, “el contrato solo contempla el uso de 60.000 metros cuadrados de los 85.000 que tiene la finca, pero la empresa hace uso de la totalidad del recinto, incluyendo naves no autorizadas”. Además, aseguran haber documentado “que obras y mejoras valoradas en más de 200.000 euros (como el derribo de varias naves y la construcción de accesos) han sido pagadas íntegramente por el Ayuntamiento sin que ello supusiera una revisión del canon que la empresa abona”.

“El canon que pagan es de solo 70.000 euros al año porque se valoró el suelo como si fuera agrícola, como si aquí se cultivaran tomates. ¿Pero qué tomates? Aquí se celebran conciertos con 40.000 asistentes, entradas desde 60 euros y consumiciones millonarias. Y mientras, el Ayuntamiento paga los gastos. Negocio redondo para unos pocos, abandono para todos”, declaró OSP.

Los ediles de la formación no se han limitado a criticar el contrato, sino que han lanzado duras preguntas al equipo de gobierno de Ángeles Muñoz:

“¿Quién está detrás de esta empresa? ¿Por qué se firma un contrato hasta 2027, justo hasta el final de la legislatura del PP? ¿Quién va a correr con los gastos de limpieza y adecuación que, como otros años, acaba asumiendo el Ayuntamiento con medios públicos? Aquí hay algo muy turbio y vamos a llegar hasta el final”, aseguraron, advirtiendo que no descartan acudir a la Fiscalía si detectan uso indebido de recursos municipales para preparar el recinto antes de los conciertos.

OSP considera que esta operación es un “modelo de gestión opaca que deja fuera a asociaciones locales, entidades culturales y colectivos sociales que carecen de instalaciones adecuadas, mientras se cede un espacio público a una empresa sin trayectoria, que genera millones en ingresos y no asume ni una fracción proporcional de los costes”.

La formación política exige explicaciones inmediatas al gobierno local y ha anunciado que vigilará cada paso en la preparación de los conciertos de este verano para documentar si operarios municipales, personal de Parques y Jardines, o servicios operativos están siendo utilizados de nuevo para poner a punto un recinto que explota una empresa privada en beneficio propio. “Si vemos al Ayuntamiento trabajando para ellos como en años anteriores, nos iremos directamente al juzgado. Esto es un escándalo político y moral, y podría ser también un escándalo judicial”, advirtió el portavoz de OSP.