La Fundación Franz Weber ha retado al Ayuntamiento de Marbella a realizar una consulta popular municipal sobre el retorno de las corridas de toros a la localidad casi una década después de la última convocatoria.
Según asegura este ente antitaurino, “Marbella dispone de un reglamento de participación ciudadana que en su artículo 8 regula el derecho a la consulta popular o referéndum, facultando en su apartado cuarto a «acordar su realización será necesario el acuerdo mayoritario del Pleno municipal y tramitar la correspondiente petición al órgano competente del Estado.»
En un comunicado de prensa la Fundación Franz Weber critica “el pliegue del Consistorio a este tipo de ocurrencias, que se están repitiendo en otras ciudades y comunidades autónomas en forma de gastos directos. En Zaragoza, por ejemplo, habrá una partida específica para tauromaquia, Aragón multiplica los subsidios a escuelas taurinas, en Extremadura aumenta un 800% el presupuesto sectorial y en Comunitat Valenciana se otorgarán 300.000€ a una fundación del lobby taurino”.
Desde esta ONG señalan que la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2021-2022, elaborada por el Ministerio de Cultura, señala que únicamente el 3,3% de la población andaluza declara asistir a corridas de toros. Es decir, el gobierno de Marbella apuesta por una actividad que se sitúa fuera de las demandas y necesidades reales de la ciudadanía.
Así, recuerdan que en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia, con un texto muy claro al respecto:
«Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia.»
Para los naturalistas resulta preocupante el uso que parecen hacer las administraciones de los recursos públicos, promoviendo maltratar animales y exponer a cualquier persona a riesgos de carácter médico-sanitario para perpetuar una actividad que recibe un importante rechazo de la ciudadanía.