Javier Lima -Verso Libre- ¿A quién pertenece la ciudad?

¿A quién pertenece la ciudad?

Tenemos en ciernes el futuro PGOU, un documento clave que guiará la ordenación de nuestro territorio y su planeamiento futuro. Este viernes 25 de septiembre termina el plazo para presentar sugerencias al documento de avance de dicho plan y desde Marbella Activa, al igual que otros estamentos de la ciudad, hemos animado a participar en el mismo porque, entre otras cuestiones, se decide el futuro de la ciudad. Mucho me temo que algunos no participen creyendo que el modelo de ciudad ya está más que decidido y que este proceso de participación poco influirá en el tipo de desarrollo que termine por imponerse.

Ojalá se equivoquen. El derrotismo nos puede hacer indolentes y que dejemos de ejercer un derecho fundamental como es el de decidir cuál es la ciudad que queremos. ¿A quién pertenece la ciudad? ¿A los propietarios del suelo? ¿A los fondos de inversión como escuché a un promotor de esta ciudad? ¿Al ayuntamiento de Marbella? Es necesario precisar esto. Si bien el suelo pertenece a sus propietarios, ya sean en manos privados o públicas, el uso de esos suelos es de la incumbencia de todos sus ciudadanos: se llama el derecho a la ciudad.

Esto que parece algo obvio no lo es tanto. Ha habido autores que lo han planteado hace años sin que parezca que esto haya cambiado tanto. El término del derecho a la ciudad lo acuñó el filósofo francés Henri Lefebvre en 1968 en su libro homónimo; un manifiesto para reivindicar que los ciudadanos volvieran a ser dueños de su propia ciudad y no ‘una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de acumulación del capital’.

Frente a los lobbies inmobiliarios y los grandes propietarios de suelo la ciudadanía es el contrapeso necesario para equilibrar la balanza. Si no participamos dejamos libres a las fuerzas del mercado para imponer sus criterios que estoy seguro, dadas mis pocas certezas, no serán del interés general. Por tanto, debemos participar y exigir el «buen vivir» como diría Lefebvre. Que el ciudadano sea el verdadero protagonista en la construcción de la ciudad futura porque, a diferencia de estos promotores y fondos de inversión, es el ciudadano el que vive la ciudad y también sufre los desmanes de la ciudad mal planificada. Como dice la sinopsis del libro de Lefebvre «la ciudad es un espacio político donde es posible la expresión de voluntades colectivas, es un espacio para la solidaridad, pero también para el conflicto». Un plan general de ordenación urbana debe recoger todas esas voluntades y, lo más importante, que esa voluntad popular sea vinculante.

En Marbella la voluntad popular ya dejó patente su modelo de ciudad con el Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2022. Un documento aprobado por todas las fuerzas políticas en pleno y consensuado con los agentes claves de la ciudad y su ciudadanía. Un plan no ejecutado finalmente que debería servir de marco al futuro PGOU pero no solo de ornamento útil en la redacción del actual PGOU ni tampoco para desmarcarse de su visión de ciudad como ahora se pretende con el avance que plantea desarrollos, en mi opinión, que no van en consonancia con lo que establece este plan estratégico y algunos marcos de referencia a los que el propio ayuntamiento se sumó en su día: la Agenda 2030, el Programa de Sostenibilidad Ciudad 21, Ciudades por el Clima y el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía.

El ciudadano con su sentido común exige lo lógico: la preservación del paisaje y el medio ambiente, diversificar la economía para no depender del monocultivo del turismo que hoy con la crisis del coronavirus ha dejado en evidencia, cubrir el déficit de equipamientos e infraestructuras públicas en materia sanitaria, educativa, cultural, de movilidad, de saneamiento, etc. En definitiva, apostar por mejorar la calidad de vida y una ciudad más sostenible, si es que puede haber ciudades sostenibles.

Este documento de avance establece tres alternativas: la cero, la uno y la dos, a su vez con tres opciones. La verdad es que no me gusta ninguna de ellas. La alternativa cero porque se trata de que no se realice un nuevo PGOU, la otra me imagino que es compactar la ciudad en sus núcleos (esta se podría aceptar como menos mala aunque se crecería en altura) y la tres, de la que no estoy de acuerdo con ninguna de sus variantes porque apuesta por nuevos desarrollos urbanísticos en diferentes grados: la tercera opción es aberrante. Pretende clasificar como suelo urbanizable prácticamente hasta las laderas de Sierra Blanca y el alcornocal de Elviria.

Desde la asociación Marbella Activa hemos propuesto una sugerencia, la alternativa 3, que es precisamente crecer solo en equipamientos e infraestructuras públicas que cubran el déficit de todo el crecimiento que ha habido hasta ahora ¡sería lo lógico!

Aunque realmente la mejor opción para Marbella sería la alternativa -1, denominación que sigue la lógica de las opciones que propone el avance (0, 1 y 2). Sería apostar por el decrecimiento. No somos pocos los que defendemos esta opción ante los desarrollos brutales y desproporcionados que ha tenido lugar en el territorio nacional y, sobre todo, en el litoral, mientras se daba la paradoja de que en la España de interior se despoblaba en ausencia total de políticas activas. No solo es detener los nuevos desarrollos, sino que habría que regenerar, reordenar nuestros espacios para hacer nuestras ciudades más sostenibles. Esto no lo defendemos cuatro frikis; la misma FEMP defiende esta postura que estoy seguro que a más de un promotor o gestor de fondos se le levante alguna ampolla cuando le escuche.

El decrecimiento no es ninguna entelequia. Ya hay ciudades en España que, ante el fenómeno de la especulación urbanística, tomaron cartas en el asunto a raíz de los estragos en el paisaje y el medio ambiente o ante fenómenos del cambio climático como la subida del nivel del mar. En algunas zonas de España se han demolido edificaciones como fue el caso del parque natural de Cap Creus, la recuperación geológica y ambiental de la playa de La Lanzada en Galicia o la desclasificación de suelos en la que ciertos ayuntamientos han comprado edificios enteros a sus propietarios para dejar un paraje natural a su estado original preservando un paisaje único. Lanzarote o Formentera han limitado el crecimiento turístico de sus islas impidiendo la creación de nuevos hoteles teniendo en cuenta el concepto de capacidad de carga turística. Algo lógico que plantea en su tesis el geógrafo y profesor de la UMA, Enrique Navarro cuando asegura que «el crecimiento incontrolado no parece una solución para incrementar la calidad de un producto».

Si tuviéramos en cuenta conceptos como la capacidad de carga turística de un destino o de plantearse tan solo cuáles son los límites ecológicos de un territorio tendríamos criterios claros para optar por un decrecimiento de la ciudad y como mera supervivencia para no abocarla a una muerte anunciada.

El arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe acuñó la famosa frase de «menos es más» sobre la arquitectura racional y ha pasado a ser un eslogan para aquellos que sostienen que estos son tiempos para gestionar el decrecimiento en lugar de pensar en un crecimiento ilimitado, fruto de un sistema consumista que se termina creyendo que los recursos del planeta son ilimitados.

Cuando se habla de gestionar el decrecimiento no se quiere decir no construir ni crecer sino crecer en calidad y no con más desarrollos urbanísticos, sino reciclando y regenerando la ciudad, cubriendo ese déficit del que hablábamos antes para hacerla más habitable para sus ciudadanos y quienes la visitan. Los gobiernos municipales, como el nuestro, nos quieren hacer creer que poner en carga nuevos suelos es la forma de generar ingresos para hacer frente a ese déficit de equipamientos e infraestructuras públicas y atender las necesidades de gasto. La economía de un ayuntamiento no debe depender de las recalificaciones y licencias de obras como recalca la FEMP. Esto es una falacia como también advierte el profesor Navarro: a mayor densidad urbanística, mayor demanda de recursos de equipamientos, infraestructuras y necesidad de mantenimiento.

Aplicar lo de «menos es más» o cultura del decrecimiento, es alejarnos del modelo de ciudad de crecimiento ilimitado propugnada por la modernidad donde quedó en entredicho el desarrollo extensivo y el consumo de territorio gracias al desarrollo de la tecnología y el éxito del automóvil privado. Es palpable en nuestra ciudad esta manera de producción urbana en las huellas de este crecimiento desorbitado e incontrolado observando el deterioro que ha producido en nuestro municipio, en el paisaje y en la calidad de vida de los habitantes. Un boom inmobiliario que tanto aquí como en muchas otras ciudades ha depredado el territorio. Esto que ha ocurrido se puede paliar rediseñando y reciclando nuestro espacio urbano: creando nuevos espacios de convivencia, mejorando nuestras infraestructuras y equipamientos, pero nunca apoyando nuevos desarrollos que terminen colapsando un municipio ya de por sí masificado.

Este concepto tan dañino que es el crecimiento ilimitado, supeditado al espejismo de único sostén económico, trae sus consecuencias: abuso de los recursos naturales, contaminación del medio ambiente, destrucción de ecosistemas y lo más importante: el propio destino turístico se tambalea. De ahí la necesidad de plantearnos el concepto de sostenibilidad en cuanto a los límites admisibles para nuestro municipio. Ahí es donde entra el concepto de sostenibilidad y la necesidad de imponer límites a los actuales niveles de consumo de recursos y territorio.

Este viernes termina el plazo para presentar sugerencias al documento de avance del futuro PGOU. Es importante que nos pronunciemos como ciudadanos.

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