Javier Lima- Verso Libre-La especulación verde

Una de las consecuencias de la escasez de petróleo y del cambio climático que estamos sufriendo de forma acelerada en esta era es la transición de un sistema energético basado en los combustibles fósiles y nuclear a otro basado en energías renovables.

Cuando en 2008 empezó la gran crisis económica debido al estallido de la burbuja inmobiliaria parecía que íbamos a aprender la lección para no especular con lo que era un derecho constitucional, la vivienda, y que no iba a volverse a repetir dadas las nefastas consecuencias. Solo hay que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de lo equivocados que estábamos donde ni un PGOU en redacción ni los contrapesos ciudadanos y públicos han sido capaces de apaciguar a la bestia.

Ese boom de la construcción fue una oportunidad fallida en nuestro país para que se hubieran instalado de forma obligatoria energías renovables en ese nuevo parque de viviendas y edificios para que fueran lo más autosuficientes posible, como ya se estaba haciendo en otros países respecto al consumo de agua o electricidad. Sin embargo, nada más lejos de esa realidad y en pleno boom de esa burbuja inmobiliaria, el Estado promovió la energía fotovoltaica aunque en lugar de promoverse entre particulares y comunidades de propietarios terminó siendo otro proceso especulativo a través de productos financieros o fondos de inversión más interesados en el beneficio que en promover energías limpias, dada la prima que por real decreto obligaba a las eléctricas a comprar esa energía vertida a la red.

España en 2008 fue uno de los países con más potencia fotovoltaica instalada en el mundo con 2.708 MW en un año. Un proceso especulativo que no terminó en proyectos vinculados al autoconsumo o pequeños productores sino que parejo a la burbuja inmobiliaria creó otra burbuja: la fotovoltaica. En ese momento España representaba el 2% del PIB mundial y sin embargo estaba pagando el 15% del total de primas a las renovables. Unas primas que terminaron trasladando las eléctricas a los consumidores finales provocando que España fuera y sea uno de los países con la electricidad más cara de Europa: la burbuja de las renovables y el origen del déficit tarifario. Justo esta semana que el precio de la electricidad ha alcanzado su máximo histórico sin que los salarios hayan tenido ese incremento. Al contrario, el poder adquisitivo de los españoles no ha parado de menguar en estos últimos años con el mayor descenso en este 2020 de los últimos 50 años.

Esa fue una burbuja de la no se habló en exceso pese a que actualmente todos los españoles estamos pagando el resultado en nuestro recibo de electricidad que no para de subir. Luego llegaron los años del impuesto al sol; en los que lejos de promoverse la instalación de renovables se pasó a una especie de penalización que desincentivó la instalación de energía fotovoltaica ¿tendrán algo que ver las puertas giratorias y los lobbies energéticos detrás de los grandes partidos? Es indudable que se promueven legislaciones muy favorables a sus intereses y muy desfavorables al interés general que permite que la energía sea un negocio en lugar de lo que debería ser: un valor social accesible a todos. En mi opinión, la gran mentira de las privatizaciones de empresas públicas y de esa llamada libre competencia que al menos en España nos ha llevado a no tener una verdadera competencia sino auténticos oligopolios que se reparten el mercado con la complacencia de los poderes públicos y la pasividad de la ciudadanía que termina pagando los platos rotos.

En estos momentos estamos viviendo la que puede ser una nueva burbuja con las renovables y, en especial, con la fotovoltaica que puede acarrear peores consecuencias que las anteriores si nadie lo impide. Solo en Andalucía los 790 proyectos fotovoltaicos que se encuentran en tramitación en este momento en la Junta de Andalucía representan un 56,4% del total nacional previsto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el año 2030. Cuando los objetivos del PNIEC para 2030 son de 39 GW para toda España, en Andalucía hay proyectos presentados por un total de cerca de 22 GW de potencia fotovoltaica.

Solo en Málaga hay 109 proyectos de fotovoltaicas que esperan su aprobación y que supondría que 100.000.000 m2 de nuestro territorio rural quedasen cubiertas por placas solares con sus correspondientes líneas de alta tensión para evacuar esa electricidad. Proyectos gestionados por compañías -las cuáles tienen detrás a las grandes empresas energéticas- que lejos de explotar zonas industriales, urbanas, invernaderos o suelos baldíos están ocupando suelos rurales —pero baratos— con alto valor agrícola, paisajístico, patrimonial, cultural, etnográfico o ecológico. Suelos que deberían estar excluidos de este tipo de proyectos y que al ser declarados de utilidad pública terminan por obligar a sus propietarios a vender o alquilar frente a la expropiación como alternativa, lo que provocará la pérdida de mucho empleo rural, modos de vida tradicionales, más despoblamiento rural y que perdamos, como es el caso de la Algarbía malagueña, nuestro granero provincial de cereales. Si hay algo que nos ha enseñado la crisis de la COVID, y de cara a posibles emergencias, es que hay tender a la autosuficiencia; al menos en cuanto a la soberanía alimentaria de nuestro territorio provincial.

Afortunadamente la sociedad civil ha respondido de forma organizada creándose numerosas plataformas ciudadanas y asociaciones a lo largo de nuestro país desde las que se están alegando a dichos proyectos, además de organizar numerosas actividades de información a los habitantes afectados y peticiones de moratorias para la suspensión temporal de las autorizaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables que permita la correcta planificación, como la UE exige, desde una efectiva participación ciudadana que mejore estos proyectos para que tengan el menor impacto medioambiental.

La necesidad de la transición ecológica a través de las renovables es apenas discutible si queremos frenar el cambio climático y nuestra actual dependencia energética (en España importamos el 70% de la energía) pero de ninguna manera debe desarrollarse destruyendo el medio ambiente local y nuestro paisaje.

Algunos municipios, con sus alcaldes a la cabeza, se oponen a este tipo de proyectos como el alcalde de Álora donde otro megaproyecto de 1.000.000 de m2 pretende arrasar una enorme extensión de olivar de la aceituna aloreña en pleno corredor verde del Guadalhorce con la consiguiente pérdida de empleo y suelo rural. Según la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), con un modelo distribuido y de autoconsumo se crearían de aquí al 2030: 830.000 empleos en España, frente a los 130.000 empleos que el modelo actual de desarrollo fotovoltaico con plantas de generación a gran escala puede aportar.

Pude constatar hace unos meses sobre el terreno el impacto que tendrá uno de esos megaproyectos sobre la belleza paisajística de la Algarbía, donde el proyecto denominado ‘La Jara 2021’ en el valle natural de río Grande pretende inundar de paneles fotovoltaicos una zona con un alto valor ecológico, agrícola y patrimonial. Afecta a los municipios de Coín, Casarabonela, Alozaina, Cártama, Guaro, Monda, Ojén, Marbella, Álora y Pizarra ya sea por la instalación de las placas, las líneas de evacuación o la afectación del paisaje que es parte de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves y se sitúa a los pies de nuestro primer Parque Nacional. Proyectos que son fragmentados con argucia para evitar el mayor control del Estado y que supone desolar los terrenos donde se instalen las placas (vallas perimetrales cerradas, movimientos de tierras, desbrozados extensivos, desertización de los terrenos y la consiguiente pérdida de biodiversidad). Proyectos que no están incluidos en los propios planes de ordenación del territorio o a las propias directrices energéticas de Andalucía Horizonte 2030 pero que de seguir adelante estos megaproyectos colonizarán Andalucía con sus placas convirtiendo nuestro territorio en el granero energético de Europa.

Dicen los expertos como Antonio Turel, doctor en Física Teórica e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que la explosión de este tipo de proyectos obedece a que Alemania necesita la electricidad para convertirla en el hidrógeno que moverá sus fábricas debido entre otras razones a la escasez de petróleo que habrá en un breve periodo de tiempo y de las prisas por llevar a cabo esa transición energética, por no hablar de la presión que ejerce el reciente conflicto entre Marruecos y Argelia a cuenta del gasoducto.

Hay un dato relevante que este experto nos aporta: ‘En España hay 108 gigawatios (GW) de potencia instalada para un país que tiene un consumo de 30 GW de media, y bajando, y aunque no siempre sopla el viento y las centrales nucleares tienen que parar de vez en cuando, el nivel de redundancia para cubrir 30 GW de media lo lograríamos con 60, 70 u 80 GW instalados y sin embargo hay 108 y se pretenden instalar 58 GW más en solo 10 años…’. La pregunta clave es: ¿qué vamos a hacer con toda esa electricidad sobrante?

Estamos viviendo un periodo disruptivo de nuestra sociedad con el fin de las energías provenientes de los combustibles fósiles, pero quizás sería el momento preciso para replantearnos qué modelo de crecimiento queremos como sociedad y como individuos cuando el modelo de crecimiento perpetuo del que se nutre nuestra sociedad no solo es una falacia sino sumamente peligroso para el planeta, la biodiversidad y nuestra propia existencia.

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